Años atrás, bajo el discurso de la modernización de la seguridad social y con el respaldo de organismos financieros internacionales, se promovieron propuestas que apuntaban a separar los seguros y las prestaciones del IESS, particularmente el seguro de pensiones, utilizando como argumento la sostenibilidad.
Hoy, ese discurso vuelve a escena. Entre sus principales exponentes figura Augusto de la Torre, economista vinculado a la defensa de políticas neoliberales.
Experiencia histórica. Las políticas de ajuste estructural, la reducción del Estado, la privatización de empresas públicas, los despidos, la precarización laboral y las restricciones al gasto social tuvieron graves repercusiones sobre el empleo, los salarios y los servicios públicos. Estas medidas también afectaron las condiciones de financiamiento de la seguridad social, pues el desempleo, la informalidad y la disminución de los salarios reducen las aportaciones y debilitan la protección colectiva. ¿Debemos ignorar estas lecciones cuando nuevamente se cuestiona la viabilidad del sistema?
Quienes presentan la sostenibilidad como argumento para reformar el IESS deben responder preguntas fundamentales: ¿dónde están las propuestas concretas para cobrar las deudas del Estado?, ¿quién garantiza el cumplimiento de las obligaciones patronales y recuperar los recursos que pertenecen a los asegurados? ¿Por qué el debate se concentra en modificar las condiciones de jubilación y las prestaciones, en lugar de priorizar el empleo digno, la ampliación de la cobertura, la eficiencia administrativa y la recuperación de los recursos adeudados?
La sostenibilidad financiera no puede analizarse al margen de la responsabilidad estatal, la autonomía institucional, la solidaridad intergeneracional y los derechos de trabajadores y jubilados.
Tampoco puede utilizarse para justificar, sin evidencia suficiente ni debate democrático, el debilitamiento de los seguros sociales o la apertura de espacios a la privatización. Los aportes de los trabajadores no son una caja fiscal ni un botín económico: constituyen recursos destinados a garantizar derechos y proteger a las personas frente a las contingencias de la vida.
Frente a esta situación, los trabajadores organizados han impulsado una propuesta de nueva Ley de Seguridad Social que los ecuatorianos merecen, orientada a defender la autonomía del IESS, fortalecer la solidaridad, mejorar los servicios de salud, ampliar la cobertura y garantizar pensiones dignas, sin trasladar el costo de los problemas estructurales a los asegurados mediante mayores edades de jubilación, más años de trabajo, cuentas individuales o incrementos de las aportaciones individuales. Su viabilidad exige sustento técnico, transparencia y participación democrática, junto con políticas económicas que promuevan el empleo digno y estable.
Ex miembro de organismos nacional e internacionales de seguridad social.
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