OPINIÓN – Para vivir en sociedad y construir un Estado democrático, existe una regla fundamental: todos debemos someternos a la ley, sin excepciones. Cuando una persona o un grupo llega al poder después de haber demostrado reiteradamente que no respeta las normas, las instituciones ni los límites jurídicos, el problema deja de ser únicamente individual: se pone en riesgo el propio Estado de derecho. Cuando la ley deja de aplicarse de manera igualitaria, la democracia comienza a deteriorarse, las instituciones pierden legitimidad y el delito puede llegar a convertirse, en la práctica, en una forma de ejercer poder.
Entonces ocurre algo todavía más grave: se persigue al ejecutor, se sanciona al peón y, algunas veces, se llega hasta los capataces; pero los verdaderos responsables permanecen intocables. Para ellos parecería no existir la ley, porque tienen poder, influencias y acceso directo a quienes gobiernan. En una democracia verdadera, sin embargo, nadie debería estar por encima de la ley: ni el ciudadano común, ni el funcionario público, ni el empresario poderoso, ni quien tenga acceso al presidente.
La legitimidad de un Estado no se demuestra castigando solamente a los más débiles, sino garantizando que la ley alcance por igual a quienes ejecutan, ordenan, financian o se benefician de actos ilícitos, siempre que exista evidencia y responsabilidad individual comprobada. Porque cuando la justicia tiene dueños, deja de ser justicia; y cuando la ley tiene excepciones para los poderosos, deja de existir un verdadero Estado de derecho.
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