ECUADOR.- El Frente de Pacientes Renales del Ecuador expresa su máxima preocupación, alarma e indignación ante el contenido de la Carta Ciudadano N° CIUDADANO-CIU-2026-58630-1, suscrito el 14 de septiembre de 2026 por Ana Cecilia Andino Ruiz, representante de DaVita Ecuador, mediante el cual se informa que, de no concretarse hasta el 30 de septiembre un acuerdo formal de pago por parte del Estado, podría iniciarse la transferencia progresiva de aproximadamente 3.850 pacientes derivados por el Ministerio de Salud Pública, dentro de una red que actualmente atiende a cerca de 7.300 pacientes en 28 centros de diálisis a nivel nacional.
Desde el Frente advertimos con absoluta claridad que esta situación constituye una amenaza directa para la vida de miles de ciudadanos ecuatorianos. La diálisis no es un servicio que pueda suspenderse, diferirse o postergarse. Para un paciente renal, perder sesiones de tratamiento significa exponerse a complicaciones graves y, en muchos casos, a la muerte.
Durante más de tres años hemos denunciado la crisis renal, la falta de pagos a prestadores, el desabastecimiento de medicamentos y las deficiencias estructurales que enfrenta el sistema de salud. Hoy, lamentablemente, nuestras advertencias se confirman. No estamos frente a una simple controversia administrativa o presupuestaria; estamos frente a una emergencia humanitaria que pone en riesgo la supervivencia de miles de ecuatorianos.
Exigimos una respuesta inmediata y pública del Presidente de la República, Daniel Noboa Azin; del Ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga Parra; de la Ministra de Desarrollo Económico y Productivo, Sariha Belén Moya Angulo; de la Viceministra de Gobernanza de la Salud, Wendy Brasilia Gavica Vásquez; y de la Viceministra de Economía, Patricia Natali Idrobo Oleas, autoridades mencionadas en el referido oficio.
El Estado ecuatoriano debe garantizar de manera inmediata la continuidad de todos los tratamientos de diálisis en el país. La realidad es evidente: los hospitales públicos no cuentan con la infraestructura necesaria para absorber miles de pacientes adicionales y las clínicas que permanecen operativas tampoco disponen de capacidad para recibir semejante volumen de usuarios sin generar un colapso de la atención.
No aceptaremos que se pretenda trasladar la responsabilidad de esta crisis a los pacientes o a los profesionales de la salud. La responsabilidad de garantizar el derecho constitucional a la salud recae sobre el Estado ecuatoriano. Por ello, advertimos que cualquier muerte derivada de la interrupción, retraso o imposibilidad de acceder a tratamientos de diálisis como consecuencia de esta crisis tendrá responsables claramente identificables. Las autoridades competentes no pueden alegar desconocimiento cuando han sido alertadas de manera reiterada por pacientes, familiares, organizaciones sociales, clínicas prestadoras e incluso por los propios organismos de control.
Mientras miles de pacientes vivimos con incertidumbre sobre si podremos acceder a nuestra próxima sesión de diálisis, resulta inadmisible que se prioricen millonarias inversiones en otros proyectos tecnológicos o administrativos. Si existen recursos para sistemas informáticos como Dedalus, también deben existir recursos para garantizar tratamientos que mantienen con vida a seres humanos.
El Frente de Pacientes Renales del Ecuador exige además que el Estado realice de manera urgente las fiscalizaciones correspondientes, evalúe la situación financiera y operativa de la red de diálisis nacional y adopte inmediatamente las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones señaladas en el oficio remitido por DaVita, evitando que la crisis escale a un punto de no retorno.
Asimismo, demandamos que todas las mesas técnicas, reuniones de emergencia, procesos de negociación y decisiones relacionadas con esta crisis cuenten con la participación formal del Frente de Pacientes Renales del Ecuador. Nadie puede hablar por nosotros sin nosotros. Somos quienes vivimos diariamente la enfermedad renal, quienes enfrentamos las consecuencias de las deficiencias del sistema y quienes hemos sostenido durante años la defensa del derecho a la vida de nuestros compañeros.
Al Presidente de la República le decimos con respeto, pero con firmeza: los pacientes renales ya hemos perdido a más de 4.000 compañeros durante los años de crisis que atraviesa el sistema. No permita que esta cifra siga creciendo. No cargue sobre su administración nuevas muertes que pueden y deben evitarse. Cada paciente que se queda sin diálisis tiene nombre, familia, sueños y una vida que merece ser protegida.
Hoy no hablamos de contratos, presupuestos ni trámites burocráticos. Hablamos de padres, madres, hijos, hermanos y trabajadores que dependemos de una máquina para seguir viviendo. Hablamos de seres humanos. El Frente de Pacientes Renales del Ecuador permanecerá vigilante, movilizado y activo hasta que existan soluciones concretas, verificables e inmediatas. No dejaremos de exigir respuestas. No permitiremos que se juegue con la vida de quienes dependemos de un tratamiento esencial para sobrevivir.
La diálisis no puede esperar. La vida no puede esperar. Ecuador necesita respuestas y acciones ahora.
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