El cerco contra la prensa independiente en Ecuador exhibe un alarmante doble rasero y una preocupante normalización del autoritarismo estatal. Mientras en el pasado se catalogaba de tiranía la confrontación verbal o la rotura de periódicos, la administración de Daniel Noboa acumula un historial de hostigamiento sistemático: desde el retiro de visas y el exilio forzado de comunicadores como Alondra Santiago o Andersson Boscán, hasta la asfixia laboral y el acoso que obligaron a Gisella Bayona a retirarse de la profesión tras ataques directos a su familia, sumado a las presiones sobre reporteros como Hernán Higuera o Roberto Aguilar. Frente a este desmantelamiento de garantías democráticas, el silencio cómplice de los grandes medios tradicionales y de sectores gremiales confirma una peligrosa deriva donde fiscalizar al poder de turno se castiga con la censura y la desprotección absoluta.
