Ecuador atraviesa un periodo de absoluta incertidumbre sobre la evolución de su mercado laboral debido al retraso sistemático del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en la difusión de las cifras oficiales. La entidad gubernamental acumula tres meses consecutivos sin publicar los boletines mensuales de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondientes a junio, julio y agosto de 2026.
Cordes señaló que a esta falta de información se suma la omisión del reporte del segundo trimestre de 2026, insumo clave para analizar la situación del empleo a nivel de ciudades.
Ante la parálisis de los boletines de la ENEMDU, la principal fuente alternativa para evaluar el empleo formal es el Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS), elaborado a partir de los registros administrativos del IESS, el SRI, el Registro Civil y otras instituciones.
Sin embargo, el INEC publicó un escueto comunicado anunciando que los datos del REESS entre junio y octubre se difundirán de manera acumulada recién en diciembre de 2026, procediendo de inmediato a retirar las fechas de publicación mensual de su calendario estadístico.
Antecedentes
El silencio institucional en torno a la ENEMDU contrasta con el actuar habitual del organismo en otras investigaciones. En casos recientes, como la Encuesta sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género (Envigmu) o la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado, el INEC difundió alertas oficiales especificando las razones técnicas de las reprogramaciones.
En esta ocasión, no existe justificación ni nueva fecha de entrega, lo que incrementa la inquietud de expertos ante un posible deterioro no visibilizado de las condiciones laborales. Las últimas cifras oficiales publicadas corresponden a mayo de 2026, cuando la tasa de empleo adecuado se ubicó en 36,6% de la Población Económicamente Activa y el sector informal alcanzó el 52,8%.
Frente a este escenario, la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES) hizo un llamado a las autoridades del INEC a cumplir con su obligación de transparentar estadísticas oportunas y confiables, recordando que las métricas de empleo y pobreza son herramientas vitales e indispensables para la evaluación económica y el diseño de la política pública del país.
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