Toda libertad reconocida por el derecho responde a una base material que la limita y configura. Dentro del modo de producción capitalista, las relaciones de propiedad deciden quién dispone de los medios para ejercerla. Quien es dueño de un medio decide la línea editorial de los medios de comunicación, por lo que, la prensa “libre” no es de quien la ejerce, sino de quien la posee.
Reconocer esto no es renunciar a la lucha en defensa de la libertad de expresión, sino situarla en su terreno real. Como toda libertad bajo una estructura de clases, arrastra los límites de esa estructura, a lo que se suma, los intentos de la fracción burguesa que gobierna el Estado por silenciar las voces que la incomodan o le son opuestas. La Constitución reconoce la libertad de expresión mas, en la realidad esta esa configurada por el capital invertido en los medios de comunicación y en los intereses de clase que responde.
El gobierno de Daniel Noboa es un ejemplo de esto. El aparato estatal hostiga al periodismo de oposición. Varias organizaciones de derechos humanos han registrado 100 agresiones a la libertad de expresión en el primer semestre de 2026: 58 contra periodistas, 46 atribuidas al Estado.
La censura del noboísmo no siempre necesita decreto. En 2024 salió del aire el programa Los Irreverentes, de RTU, con Fabricio Vela, Sol Borja y José Luis Cañizares, tras presiones del gobierno que se concretaron en: retiro de pauta, suspensión de pagos y actuaciones de ARCOTEL. El peridista Vela lo resumió con crudeza, “un canal, dependiente del capital publicitario, puede caer solo golpeando su pauta”.
Los casos de Gisella Bayona, Hernán Higuera, Roberto Aguilar y otros periodistas no son hechos aislados, sino variaciones de un mismo patrón: ataques digitales, estigmatización, presiones económicas y afectaciones familiares que reproducen, en el gremio de periodista, el miedo a investigar a este Gobierno.
Noboa no necesita abolir la libertad de prensa como en las épocas de la dictadura; le basta condicionarla mediante la propiedad de los medios, la pauta y el uso selectivo del Estado. La actuación de los periodistas acomodaticios y el silencio de los gremios evidencia que esta política surte efecto, por lo que, desde la izquierda y las organizaciones sociales debemos salir al frente, denunciar el autoritarismo y solidarizarnos con las víctimas de esta política despótica.
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