La pelea no nació el jueves en la Asamblea. Nació el 7 de septiembre, cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura, con Mercedes Caicedo al frente, aprobó la Resolución 187-2026 y les pasó el cuchillo a las unidades judiciales especializadas contra corrupción y crimen organizado. Esas mesas, creadas en 2022, concentraban causas pesadas: corrupción, lavado, delincuencia organizada, extinción de dominio.
Cuatro años después, el Consejo las suprime y manda esas competencias a juzgados penales ordinarios de Quito —Iñaquito, La Mariscal— y a la Corte Provincial de Pichincha.Caicedo vende la medida como “optimización”. Dice que la unidad especializada trabajaba al 18% de su capacidad, que entre 2023 y 2026 recibió 6.253 causas pero ahora tiene apenas 484 activas, y que los juzgados penales comunes están ahogados con más de 5.300 expedientes.
También pone sobre la mesa un hueco de 83 millones de dólares para 2027. Su tesis: no se elimina la lucha, se reparte entre más de 50 jueces en vez de 19 o 21. Incluso aseguró que las audiencias ya instaladas siguen con los mismos jueces y que “los anticorrupción no eran superjueces”.
El problema es que la calle política no se comió el cuento técnico. En cuanto cayó la resolución, se trabaron o se movieron casos de alto voltaje. Goleada y Encuentro quedaron en el aire. Jueces especializados amanecieron reubicados en Quitumbe, Tumbaco, Calderón y Carcelén. Uno de los vocales del propio Consejo, Fabián Fabara, salió a decir que el Pleno aprobó fusionar competencias, no el paquete de traslados que después aplicaron las áreas técnicas. O sea: ni adentro hay una sola versión.
Ahí entra Paola Cabezas. El 17 de septiembre la Comisión de Garantías Constitucionales —controlada por Revolución Ciudadana— citó a Caicedo para que diera la cara. La presidenta de la Judicatura mandó una excusa de último minuto: convocatoria corta y cruce de agenda. No fue. En esa silla vacía Cabezas soltó la frase que incendió la nota: la llamó “operadora de este narcoestado” y calificó la resolución de “grave, gravísima”.
Su argumento es directo: esos jueces tocaban la Ley de Extinción de Dominio y la de prevención de lavado; tumbar la especialidad, dice, no es un recorte inocente, es aflojarle la soga a las causas donde se pelea la plata y los bienes del narco. Pidió que Caicedo vaya a la Asamblea. Al día siguiente, Cabezas y Viviana Veloz metieron un pedido a Contraloría para que audite la creación, el funcionamiento y la muerte de esas unidades.
El telón de fondo es más sucio de lo que cabe en un comunicado. Esas unidades se armaron con plata y entrenamiento de cooperación internacional: Estados Unidos, Italia, OEA, Unión Europea, ONU. Maestrías, diplomados, pasantías, protocolos de seguridad. Ahora esa inversión queda en el limbo mientras jueces ordinarios reciben un curso express para heredar expedientes que antes se trataban como materia de élite. Organismos internacionales ya habían advertido que desarmar la especialidad debilita la persecución. Caicedo respondió que eso es “desinformación”.
Hay que separar el hueso de la grasa. Lo comprobado: las unidades se suprimieron, Caicedo no compareció, hay 484 causas para redistribuir, varios procesos emblemáticos se frenaron y la oposición ya pidió auditoría. Lo que todavía es dardo político, no sentencia: que Caicedo sea “operadora de un narcoestado”. Eso, por ahora, es una acusación de bancada, no un fallo.
El cuadro, entonces, queda así: una Judicatura que dice estar ordenando la casa por plata y carga procesal; una oposición que ve un desmantelamiento a la medida de quien no quiere jueces especializados olfateando corrupción y narco; una presidenta del Consejo que no se sentó frente a la comisión; y una frase de Cabezas que ya no se va a borrar. En un país donde el crimen organizado no pide permiso para entrar a las instituciones, el debate no es semántico. Es quién juzga a quién… y con qué cuchillo.
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