El caso Bucaram vuelve a golpear la credibilidad de la justicia en Ecuador

Seis años de proceso, seis audiencias fallidas y una orden de captura. Para muchos ciudadanos, el problema ya no es solo Abdalá Bucaram: es preguntarse si la justicia ecuatoriana realmente funciona igual para todos. El caso Pruebas COVID volvió a poner al sistema judicial bajo cuestionamiento.
Abdalá Bucaram debía presentarse para escuchar su sentencia, pero por sexta ocasión la diligencia no pudo concretarse. Su defensa asegura que permanece hospitalizado y que su estado de salud es delicado. El tribunal terminó ordenando su captura y vigilancia en la clínica donde supuestamente permanece.
La fiscal Lidia Sarabia fue todavía más dura: calificó lo ocurrido como “inadmisible, inaudito y sin precedentes” y cuestionó que agentes del Bloque de Búsqueda hayan acudido anteriormente a un hospital sin conseguir confirmar dónde estaba el expresidente.
Y entonces aparece una pregunta que trasciende a Bucaram.
¿Por qué el Estado parece capaz de actuar con enorme rapidez en unos casos, mientras otros procesos pueden pasar años entre audiencias, recursos y diferimientos?
Es una pregunta que vuelve una y otra vez en la coyuntura nacional. Está el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien permanece detenido mientras enfrenta condenas de primera instancia que su defensa ha apelado. Está el proceso contra Jorge Glas, cuya situación judicial ha generado durante años enfrentamientos políticos y cuestionamientos sobre la aplicación de las decisiones de la justicia.
Y está también José Serrano, otro exfuncionario de alto nivel cuyo proceso mantiene al país mirando nuevamente hacia las instituciones encargadas de investigar y juzgar. Son casos distintos, con hechos, delitos y etapas procesales diferentes.
Pero en la calle producen una misma pregunta: ¿la justicia tiene la misma fuerza cuando el procesado es una persona común que cuando se trata de alguien que tuvo poder?
No estamos afirmando que exista un trato privilegiado ni que las instituciones estén actuando ilegalmente. Eso requiere pruebas y corresponde determinarlo a las autoridades competentes. Pero tampoco se puede ignorar la percepción ciudadana. Cuando un proceso lleva seis años y una sentencia todavía no consigue concretarse, la discusión deja de ser únicamente sobre un acusado.
También pasa a ser sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias decisiones.
Y esta vez la pregunta queda directamente sobre la mesa: ¿EN ECUADOR LA JUSTICIA ES REALMENTE IGUAL PARA TODOS?