No están pidiendo un favor. No están reclamando un lujo. No están exigiendo un privilegio. Están pidiendo algo mucho más básico: seguir recibiendo el tratamiento que los mantiene con vida. Este 18 de septiembre, pacientes renales y sus familiares protestaron en Montecristi porque 385 personas reciben diálisis en la clínica de Colorado y temen que la atención solo continúe hasta el 30 de septiembre. La advertencia no salió de un rumor cualquiera: nace en medio de una deuda que, según la propia dializadora, mantiene el Estado con la empresa que los atiende.
Aquí lo verdaderamente brutal es que los pacientes ya lo dijeron con todas sus letras. Uno de los manifestantes, Cristóbal Mosquera, explicó que una diálisis particular costaría alrededor de 120 dólares por sesión, es decir, unos 360 dólares por semana para quien necesita tres tratamientos. Y lanzó una frase que retrata la gravedad del problema mejor que cualquier discurso oficial: “Si no recibimos la diálisis, sin duda alguna podríamos morir”. Esa no es una exageración política. Es el grito desesperado de gente que sabe que sin tratamiento su vida corre peligro.
Detrás de esta angustia hay una cifra escandalosa: DaVita asegura que el Ministerio de Salud Pública le adeuda USD 121 millones por servicios prestados. La empresa sostiene que durante los últimos dos años ha buscado una salida con el MSP y que no se ha establecido un plan de pagos sostenido. Por eso fijó el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para alcanzar un acuerdo. Si no ocurre, anunció que iniciará una “transición forzada” de 3.850 pacientes derivados por el MSP hacia la red pública, y Manadiálisis Montecristi aparece dentro del cronograma de centros afectados.
Y aquí es donde la responsabilidad política ya no se puede maquillar. El problema no está flotando en el aire ni cayó del cielo. La deuda corresponde al Ministerio de Salud Pública y la salida debía coordinarse también con el Ministerio de Economía y Finanzas, dos instituciones que forman parte del Ejecutivo de Daniel Noboa. Si durante dos años no hubo una ruta efectiva de pago y hoy cientos de pacientes viven con el miedo de quedarse sin diálisis, entonces la responsabilidad política golpea directamente al Gobierno Nacional. Eso es lo que hoy están denunciando los pacientes: mientras arriba siguen las peleas políticas, abajo hay gente que no sabe si podrá dializarse la próxima semana.
Lo más indignant3 de todo es que aquí no está en juego un trámite cualquiera. Está en juego la vida de personas que no pueden esperar. Cuando un gobierno deja crecer una deuda millonaria en un tratamiento vital, lo que transmite a los pacientes es un mensaje devastador: arréglense como puedan. Y eso, para una persona renal, no es una frase simbólica. Es una amenazą real. Porque mientras el poder sigue atrapado en discursos y confrontaciones, en Montecristi hay familias enteras viviendo con una sola pregunta en la cabeza: ¿quién va a responder si uno de estos pacientes se queda sin su diálisis?
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