La noche del 9 de septiembre de 2026, después de seis intentos fallidos para instalar la audiencia, un tribunal de Pichincha dictó la primera sentencia penal contra Abdalá Bucaram Ortiz en más de cuatro décadas de vida pública. El expresidente y su hijo Jacobo Bucaram Pulley, fueron condenados a nueve años y cuatro meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid-19. El fallo aún puede apelarse y no está ejecutoriado. Bucaram, de 74 años, lo escuchó por videollamada desde una clínica de Guayaquil, luego de pedir el alta médica pese a un cuadro cardíaco grave.
Junto a ellos fueron sentenciados Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, a trece años y cuatro meses como autor directo, y el ciudadano israelí Sheinman Oren, a dos años y ocho meses, tras una rebaja por cooperación eficaz. El tribunal también impuso a padre e hijo una multa equivalente a veinte salarios básicos. La acusación cubre el tramo más crudo de la pandemia, entre marzo y agosto de 2020.
Según la tesis fiscal, una estructura comercializó de manera irregular unas 21.000 pruebas rápidas para detectar Covid-19, además de mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo y otros insumos. El negocio se habría cerrado en efectivo —unas 321.000 dólares—, sin facturas y sin impuestos. Parte de la mercadería habría sido trasladada bajo custodia de agentes de tránsito hasta una vivienda del exmandatario en Guayaquil, donde también se almacenaron otros materiales médicos.
Dos ciudadanos israelíes aparecen en el origen de la logística. Uno de ellos, Shy Dahan, fue asesinado el 8 de agosto de 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral. El otro, Sheinman Oren, sobrevivió al ataque, entregó audios, documentos y registros que orientaron allanamientos, y con eso selló buena parte del expediente. En los operativos se incautaron cientos de miles de dólares en efectivo e insumos acopiados en inmuebles de Guayaquil y Santa Elena. Bucaram negó el delito. Dijo que se trataba de una compra entre privados y anunció que impugnará el fallo, incluso fuera del país. La condena, sin embargo, cierra un círculo que su propia historia política había dejado abierto.
Cinco meses y 25 días
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Abdalá Bucaram Ortiz gobernó del 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997. Llegó con el Partido Roldosista Ecuatoriano, la consigna de “la fuerza de los pobres” y un triunfo en segunda vuelta sobre Jaime Nebot. Prometió vivienda barata, canasta popular y paz con el Perú. Entregó, en cambio, un ajuste brutal y un espectáculo permanente. No quería vivir en Carondelet porque, decía, había fantasmas. Armaba gabinetes itinerantes, cantaba en tarima, grabó un disco titulado Un loco que ama y convirtió la presidencia en un show.
Al mismo tiempo colocó a la familia en el Estado: Jacobo y Abdalá Jr. cerca de las aduanas, el hermano Santiago en el palacio, Adolfo en Bienestar Social. El nepotismo no fue un rumor: fue organigrama.Después vino el paquetazo. Subió el gas, la luz, el teléfono y los pasajes. Quiso una convertibilidad al estilo argentino. La calle se encendió. A eso se sumaron los escándalos de Un Solo Toque, la Mochila Escolar, los gastos de representación y la fiesta con la que Jacobo celebró su “primer millón”.
En febrero de 1997 el país se paralizó. Indígenas, sindicatos, maestros, estudiantes y barrios populares llenaron las calles. El Congreso lo destituyó por “incapacidad mental para gobernar”. Bucaram huyó a Panamá, pidió asilo y permaneció cerca de veinte años fuera. Regresó en 2017, cuando los juicios por peculado ya habían prescrito.
La sentencia de 2026 no es un juicio a aquel gobierno de 180 días. Es otra causa, otra década, otra emergencia. Pero el eco es difícil de ignorar: el mismo apellido, el mismo hijo, la misma sospecha de que el poder familiar convierte el dolor colectivo en negocio. En 1997 el país lo echó por el espectáculo y el ajuste. En 2020, según el tribunal, la red usó la pandemia para mover pruebas, mascarillas y efectivo. En 2026, por primera vez, un juez le puso cifra de años a esa trayectoria.Bucaram apelará.
El expediente seguirá vivo. Lo que ya no se puede decir es que jamás hubo una condena.
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