Bancos Central de Bolivia corta la compra de dólares – Análisis

REDACCIÓN.- La noche del 7 de septiembre de 2026, cuando el Banco Central publicó que el dólar oficial valdría 12,60 bolivianos al día siguiente, el mercado ya no se sorprendió. Lo que sí sorprendió fue el segundo comunicado: el BCB dejaba de comprar dólares de forma temporal y, al mismo tiempo, inmovilizaba parte del dinero de los bancos. No era un gesto técnico más. Era el reconocimiento explícito de que el experimento del tipo de cambio flexible, iniciado apenas diez semanas antes, había llegado a un punto de tensión que exigía freno.

Bolivia había vivido quince años con un dólar clavado en 6,96. Esa ficción se sostuvo mientras el gas natural llenaba las arcas y las reservas internacionales rozaban los 15.000 millones de dólares. Cuando la producción de hidrocarburos se derrumbó y las reservas líquidas se evaporaron hasta niveles críticos, el mercado paralelo se impuso. En 2025 el dólar informal llegó a cotizarse cerca de 20 bolivianos.

El gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre de 2025 después de dos décadas de administraciones de izquierda, decidió terminar con la mentira. El 29 de junio de 2026 el tipo de cambio pasó a ser flexible. Arrancó en 9,73 y en el primer mes trepó hasta los 12 bolivianos. Luego hubo un breve respiro hasta 11,71, pero el 7 de septiembre volvió a marcar un máximo. El BCB había estado comprando dólares para recomponer reservas. Esa operación inyectaba bolivianos en el sistema. En las últimas semanas las reservas de alta liquidez superaron los 1.000 millones de dólares —el total de reservas internacionales netas ronda los 4.200-4.300 millones, aunque más del 80 % sigue concentrado en oro—.

Con ese colchón, el banco central consideró que ya no necesitaba absorber más divisas del mercado. Dejar de comprar significa que esos dólares quedan disponibles para bancos, importadores y empresas. Al mismo tiempo, la nueva Reserva Monetaria Restringida obliga a los bancos múltiples y al banco público a congelar en el BCB el equivalente al 3 % de ciertos depósitos en moneda nacional durante 180 días, sin remuneración. Es una esterilización clásica: se retiran bolivianos para que no persigan dólares ni empujen los precios.

La medida es contractiva por diseño. Busca alinear la base monetaria con el programa monetario y defender el poder adquisitivo. El gobierno apuesta a que el crédito del FMI por 1.900 millones de dólares —ya enviado al Parlamento— y el financiamiento catalítico de otros organismos (que podría superar los 5.000 millones en el paquete total) den el respiro definitivo.Seis meses: el bolsillo siente el ajuste, el país espera el desembolsoEn el corto plazo el ciudadano común enfrentará una mezcla de alivio y presión. Muchos precios de bienes importados —medicamentos, insumos industriales, electrónicos, algunos alimentos— ya se habían ajustado al dólar paralelo.

El oficial de 12,60 no debería generar un nuevo salto generalizado, pero cualquier depreciación adicional se trasladará. La inflación de agosto fue 1,10 % mensual y 5,02 % interanual, una desaceleración notable respecto al 2025, cuando superó el 20 %. El riesgo es que el pass-through se reactive si el tipo de cambio no se estabiliza. El crédito se encarecerá o se restringirá. Congelar el 3 % de depósitos durante medio año reduce la liquidez de los bancos. Las tasas activas, que ya se mueven en torno al 11-13 %, pueden subir.

Quienes tienen deudas en dólares —una minoría, porque más del 99 % de la cartera está en bolivianos— verán más caro el servicio. Quienes ahorran en dólares o necesitan la divisa para viajar o importar encontrarán, en teoría, más oferta en el mercado formal ahora que el BCB dejó de absorberla.

Internacionalmente, estos seis meses serán decisivos. Si la Asamblea aprueba el programa del FMI, los primeros desembolsos reforzarán las reservas líquidas y mejorarán la capacidad de pago de deuda externa e importaciones esenciales. El país recupera algo de credibilidad ante organismos multilaterales y mercados. Si el trámite se atasca por la oposición política o por nuevas protestas —el gobierno ya enfrentó bloqueos prolongados en 2026—, la presión sobre el dólar volverá y las reservas líquidas se erosionarán otra vez.

El funcionamiento externo sigue frágil: la balanza comercial es deficitaria y el gas ya no es el ancla de antaño.Tres años: la prueba del programa y el costo de la disciplinaEl horizonte de tres años coincide con la duración del acuerdo con el FMI. Si se cumple, Bolivia debería mostrar un déficit fiscal más contenido (el gobierno dice haberlo reducido desde niveles superiores al 16 % hacia un 9 %), reservas más líquidas y un tipo de cambio menos volátil. El bolsillo de las familias se beneficiaría de una inflación más previsible y de un eventual fortalecimiento relativo del boliviano si ingresan capitales. Los exportadores no tradicionales ganarían competitividad. Los importadores y consumidores de bienes dolarizados pagarían menos incertidumbre.

El costo será social y político. Recortar subsidios a combustibles, racionalizar empresas públicas y mantener política monetaria restrictiva genera malestar. El crédito más caro frena el consumo y la inversión privada en el corto y mediano plazo. Si las reformas de apertura a la inversión en minería y energía avanzan, podrían aparecer dólares genuinos. Si se diluyen, el país seguirá dependiendo de deuda externa.

En el plano internacional, tres años de programa exitoso mejorarían el acceso a financiamiento, reducirían el riesgo país y facilitarían el comercio. Bolivia dejaría de ser vista como un caso de escasez crónica de divisas. Un fracaso —incumplimiento de metas, reversión política o nueva crisis de combustibles— devolvería al país al aislamiento financiero relativo y a un tipo de cambio más depreciado y volátil.

Una década: o la corrección estructural o el retorno al ciclo

A diez años vista el desenlace depende de si el ajuste de 2025-2026 fue el inicio de un cambio de modelo o solo un parche. Un escenario virtuoso implica un tipo de cambio que refleje la realidad, reservas reconstruidas con más componente líquido, menor dependencia del gas, inversión extranjera en minería, litio y agroindustria, e inflación baja y estable. El bolsillo de los bolivianos ganaría poder adquisitivo real, acceso a crédito más barato y bienes importados a precios predecibles.

El país funcionaría como una economía más integrada: mejor calificación de riesgo, tratados comerciales aprovechables y capacidad de pagar deuda sin sobresaltos.El escenario adverso es conocido en la región: fatiga del ajuste, retorno de políticas expansivas para comprar paz social, nueva sobrevaluación o controles, erosión de reservas y otra crisis de dólares. En ese caso el bolsillo pagaría con inflación crónica, salarios reales estancados y racionamiento periódico de divisas.

Internacionalmente, Bolivia seguiría siendo un prestatario de alto riesgo, con acceso limitado a mercados de capital y dependiente de organismos multilaterales en cada recaída.Lo que ocurrió el 8 de septiembre no es el final de la crisis de dólares. Es el momento en que el banco central dejó de actuar como comprador neto porque considera que ya tiene margen, y decidió retirar liquidez para que el tipo de cambio flexible no se convierta en una devaluación desordenada. El gobierno de Paz apuesta a que el crédito externo y la disciplina monetaria cierren el círculo. El mercado, las familias y la Asamblea decidirán si esa apuesta se sostiene o si 12,60 es apenas una estación más en un camino más largo y accidentado.